La oposición venezolana hizo un llamamiento a los militares a garantizar el respeto al resultado de las elecciones del pasado 6 de diciembre, tras confirmar su desacato a la decisión del Supremo de Justicia que ordenó suspender de manera “preventiva e inmediata” la proclamación de 3 de sus 112 diputados electos.
La alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a las fuerzas contrarias al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, acusó al Supremo de estar al servicio de éste, por lo que se declaró en rebeldía frente a su decisión, aún en proceso de elaboración.
Están pendientes otras sentencias del Supremo sobre otros cuatro recursos de impugnación de resultados que el alto tribunal decidió admitir a trámite.
La MUD tildó de ridículas estas impugnaciones y confirmó que sus 112 parlamentarios opositores electos, dos tercios del Parlamento, asumirán sus respectivos escaños el 5 de enero, como está previsto, junto a los 55 ganadores chavistas.
Para ello, el partido del excandidato presidencial Henrique Capriles demandó a la Fuerza Armada neutralizar a los llamados “colectivos” afines a Maduro, que “están convocando a tomar” la unicameral Asamblea Nacional para “impedir” la instalación del Legislativo “en franca rebelión” contra resultado electoral, denunció.
Los militares deben “defender” el resultado electoral del 6 de diciembre porque expresa “una orden clara y legal que las ramas del Poder Público, la ciudadanía y las Fuerzas Armadas deben acatar y defender”, demandó el titular del partido Primero Justicia de Capriles, Julio Borges.
El mensaje de Borges, que Capriles avaló al reproducirlo en su cuenta en la red social Twitter, alertó a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de que “el Pueblo Soberano está atento y sigue cada paso que ustedes dan”.
La alianza de partidos opositores, subrayó Borges, cuenta con el “compromiso incorruptible” de unas Fuerzas Armadas “institucionales, según el espíritu de la Constitución”.
Los resultados electorales “se han violentado por medio de actos írritos e inconstitucionales” del Supremo, que este miércoles aceptó unas impugnaciones basadas en denuncias sobre una serie de irregularidades electorales, agregó Borges.
Nombró entre ellas una supuesta compra por la MUD de votos y otros delitos electorales, como la suplantación de identidad para votar por fallecidos.
Estas denuncias son similares a las de los opositores contra los chavistas en elecciones perdidas en el pasado, especialmente las presidenciales de 2013 que otorgaron la victoria a Maduro sobre Capriles, quien entonces denunció un fraude que no prosperó en el Poder Judicial.
También el detenido líder opositor Leopoldo López se expresó hoy sobre el asunto, en un mensaje reproducido por su cónyuge, Lilian Tintori, quien lo visitó en su celda este último día de 2015.
“La dictadura hoy está debilitada, pero aún vivimos en ella, y nuestro pueblo votó para cambiar este sistema que lo oprime, que lo humilla y que imposibilita que pueda encontrar las soluciones a sus problemas más sentidos”, sostiene el texto de López.
“Es nuestra obligación -prosiguió- seguir debilitando a este régimen usurpador y no darle respiro. Si Maduro y el resto de las cabezas de los poderes secuestrados por una élite corrupta y antidemocrática torpedean el cambio, desconociendo por la vía de los hechos los resultados del pasado 6D, pues habrá que removerlos”.
Idéntico mensaje difundió López la semana pasada, en una entrevista con el Grupo de Diarios de América que asocia a rotativos del continente, cuando reveló que los líderes opositores acordaron buscar una vía constitucional que adelante el fin del Gobierno de Maduro.
Al igual que entonces, López demandó que se acuerde “desde ya si es el revocatorio, la enmienda, la renuncia o la constituyente”.
“Sea cual fuere el mecanismo (…), nuestro debate más importante debe estar centrado en la construcción de un gran acuerdo nacional que marque los destinos de la Venezuela de los próximos 100 años”, añadió el opositor encarcelado desde hace casi dos años por actividades de violencia de las que le acusan el Gobierno y la Justicia.
Además, prosiguió López, “apremia depurar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, involucrar a la comunidad en una propuesta de seguridad ciudadana democrática, como también apremia disminuir la impunidad y redefinir claramente el papel de la FANB”.
